Por Tony Garza, Ex Embajador de los Estados Unidos en México

De manera preocupante a últimas fechas en los Estados Unidos las conversaciones sobre México se han ido convirtiendo cada vez más en un debate sobre la viabilidad como nación de nuestro vecino, y si es o no un estado fallido. Al hacerlo se genera una percepción que no es real en lo absoluto y mucho menos es constructiva.

En los estados fallidos no existen poder ejecutivo, legislativo y judicial vibrantes y funcionales. No ostentan la 12^a economía más grande del mundo ni llevan a cabo transacciones comerciales con los Estados Unidos a un ritmo de más de mil millones de dólares diarios. Y más importante aún, los estados fallidos no demuestran, como sí lo ha hecho el Presidente Felipe Calderón, la voluntad política de combatir a los carteles trasnacionales que amenazan la seguridad del país. Y mucho menos el valor de sostener dicha lucha.

El informe que publicó el Joint Force Command de los Estados Unidos (JFCOM por sus siglas en inglés) el año pasado fue uno de los primeros en lanzar la hipótesis de que México podría convertirse en un estado fallido. Este estudio lanzaba un advertencia sobre el impacto negativo que existiría en la política de los Estados Unidos en caso de que México fracasara.

La perspectiva desde la que el Presidente Barack Obama debe ver dicho informe es la de una llamada para dar prioridad a la relación entre los Estados Unidos y México. Y a la vez continuar construyendo nuestra alianza con el gobierno y el pueblo de México, una alianza que hoy en día es sólida y fuerte.

Los Estados Unidos debe reconocer el axioma de que nuestra propia seguridad y solidez económica están relacionadas de manera intrínsica a un México próspero y estable. Para que los estadounidenses podamos darnos cuenta de ello, es preciso que la nueva administración se comprometa y acepte que de alguna manera las luchas de México van más allá de ser sólo debatidas, o peor aún, ignoradas en los Estados Unidos.

Estos son tiempos difíciles en México debido a la violencia originada por los carteles trasnacionales que permean las calles de las comunidades en la frontera y el corazón de la Ciudad de México. Pero el compromiso del Presidente Calderón de ganar esta batalla es firme, e igual de firme debe ser el compromiso de los Estados Unidos de apoyar dicha lucha.

Con el despliegue de más de 25,000 tropas en una docena de estados, México trabaja vigorosamente para recuperar el control de las áreas a las que más ha golpeado la violencia y el dominio de los carteles. El gobierno también ha demostrado su fuerza al incrementar su gasto público de $2.5 mil millones de dólares en 2007 a $4 mil millones en 2008 para garantizar la seguridad pública y hacer frente a la violencia generada por los carteles. Asimismo, hemos visto al gobierno de México extraditar a los Estados Unidos a un número récord de líderes de los cárteles y otros delincuentes para que enfrenten sus procesos penales.

Existe una realidad desafortunada en este compromiso creciente del gobierno de México por erradicar a los cárteles, las drogas y la corrupción. Más de 5,500 vidas inocentes se han perdido en tan solo un año, víctimas de la violencia de los carteles, y los estados fronterizos de los Estados Unidos han visto cómo esta lucha alcanza a sus comunidades. Aún así, los Estados Unidos no puede atemorizarse ante esta lucha. Es cierto que el nivel de violencia va en aumento hasta alcanzar proporciones trágicas. Pero no podemos ni debemos atemorizarnos como nación, porque hemos contribuido de manera profunda en este desafío que México enfrenta.

México no sería el centro de la actividad de los narcotraficantes ni se encontraría viviendo este nivel de violencia si los Estados Unidos no fuera el mayor consumidor de drogas ilícitas y el mayor proveedor de armas para los carteles. Tenemos la responsabilidad de luchar en esta guerra juntos, o juntos fracasaremos.

La Iniciatiava Mérida, un compromiso de $1.4 mil millones de dólares de los Estados Unidos para México, sentó la piedra angular de una nueva era de cooperación en materia de seguridad entre ambas naciones. Esta iniciativa bilateral inédita ampliará y fortalecerá la cooperación en procuración de justicia y el intercambio de información existentes, amén de brindar a las fuerzas de México equipo nuevo para enfrentar de una mejor manera la amenaza común que implica el tráfico de drogas y otras formas de crimen organizado trasnacional.

No obstante, la Iniciativa Mérida debe recibir en su totalidad los fondos aprobados por el Congreso. En momentos en los que nuestra economía interna suplica acciones por parte del gobierno federal, no debemos y no podemos abandonar a la Iniciativa Mérida y considerarla una distracción política o una extravagancia presupuestal. Por el contrario tenemos que comprender que la Iniciativa Mérida es una necesidad económica, política y de seguridad para ambas naciones y para la región.

Por ahora debemos observar y esperar los próximos movimientos del Presidente Obama en lo que a México se refiere. Sus acciones hacia nuestro vecino del sur marcarán el tono y el tenor bajo los cuales se desarrollará nuestra relación bilateral en el corto plazo.

En lugar de asumir la perspectiva de algunos en los Estados Unidos que con toda prontitud sugieren que México es un estado fallido, el Presidente debe guiar la relación con firmeza y aportar esa esperanza que lo ha caracterizado y realizar acciones propias de un aliado en una guerra que juntos debemos pelear y juntos debemos ganar.

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Antonio O. Garza, Jr. es el ex Embajador de los Estados Unidos en México. Su página en internet es www.tonygarza.com